OPINION

 


DEL AFORAMIENTO EN ESPAÑA

DEL AFORAMIENTO EN ESPAÑA

 

En España cometido un delito, el aforado no es enjuiciado por el juez de instrucción del lugar de comisión del delito que instruye el caso, sino por otros órganos distintos de categoría superior, es decir el aforamiento es un tema puramente procesal penal y, concretamente, supone una alteración de las reglas de la competencia objetiva, funcional y territorial.

 

El aforamiento implica normalmente el nombramiento de instructor por el órgano que conocerá del juicio (siempre en el caso de que el órgano competente sea el TS y el TSJ) y ello aunque existan otros imputados no aforados (salvo que sea posible el enjuiciamiento separado, que no es lo normal) que se ven arrastrados al tribunal superior perdiendo su derecho a la revisión de su caso en una segunda instancia en el supuesto de sentencia condenatoria (pérdida sancionada por el TC en su sentencia 64/2001), lo que les genera una clara discriminación en relación al resto de ciudadanos sin motivo personal alguno.

 

Por otra parte, como el órgano que decide es también el que instruye, el magistrado instructor forma parte de ese órgano, aunque, evidentemente, ya no puede formar parte de la sala que enjuicia, de ahí qué a los partidos políticos les interesa tanto el control del Consejo General del Poder Judicial, pues es el Consejo el que nombra a los magistrados que integran los Tribunales Superiores (TS y TSJ), por lo que, de una manera indirecta, los políticos “eligen” o influyen claramente en la elección de los jueces concretos que tendrían que imputarles y juzgarles en caso de que las cosas vayan mal. Por eso, para el político el aforamiento es un privilegio, mientras que para el resto de imputados implica una pérdida de garantías.

 

Por eso desde el poder político se ha pretendido justificar el privilegio alegando que las elevadas funciones de los aforados exige protegerlas de la inquina de ciertos ciudadanos dispuestos a proceder contra ellos por venganza, no dándose cuenta que dentro de la categoría de ciudadanos vengativos están incluyendo a los Jueces de Instrucción, que deciden la imputación en base a un conjunto de indicios (por eso debe dar igual que actúen en virtud de una querella, de una denuncia o simplemente de oficio). La cosa no tiene mucho fundamento y vulnera radicalmente el principio de igualdad sin justificación alguna.

 

Las explicaciones que ha dado el TC en su sentencia 22/1997 son tan endebles (“La prerrogativa de aforamiento actúa… como instrumento para la salvaguardia de la independencia institucional tanto de las Cortes Generales como del propio Poder Judicial…”) pero la realidad demuestra que el efecto conseguido es precisamente el contrario.

 

Ante la polémica que se está generando en relación a los aforados, hay que resaltar que nos encontramos ante un debate sesgado, porque cuando se habla de aforados en España, fundamentalmente en los medios de comunicación, parece que solo es una cosa de políticos. Si tenemos en cuenta a parlamentarios (Congreso, Senado y parlamentarios autonómicos), algunos altos cargos, jueces, magistrados, determinados fiscales de ámbito nacional y autonómico, al Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, estamos hablando de 10.000 aforados en España. De los cuales, en torno a 7.000 son jueces, magistrados y fiscales

 

¿Es necesario, pues,  que sean tribunales concretos los que juzguen a esos cargos políticos o judiciales? Aquí está la discusión, porque si el aforamiento constituye un privilegio que vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de nuestra Constitución, no puede mantenerse por más tiempo

 

En Francia existe el proceso político-constitucional para enjuiciar al Presidente de la República por cuestiones y existe el aforamiento del Primer Ministro y el de los miembros de su Gobierno. En Italia solo el Presidente de la República esta aforado. En EEUU en ningún caso se establece un aforamiento. En Alemania, que tiene gran influencia en nuestra doctrina constitucionalista y administrativista, no hay un solo aforado. Solo existen dos procesos de naturaleza político-constitucional para destituir o al Presidente de la República o a un juez federal.

 

Hay que eliminar aforados drásticamente, porque en muchos casos no hay una justificación objetiva y razonable del mismo. Y eso supone que existe, en esos casos, una vulneración del principio constitucional de igualdad.

 

Dado que el Gobierno parece decidido a meterle mano a unas cuantas Leyes Orgánicas (como la del Consejo General del Poder Judicial, sin ir más lejos) podían aprovechar también el trámite para acabar con aforamientos tan curiosos como los vocales del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el Presidente del TSJ, los Fiscales de Sala del TS y de la Audiencia Nacional, por no hablar del Defensor del Pueblo, ¡de sus Adjuntos!, de los Consejeros del Tribunal de Cuentas, de los del Consejo de Estado, los Generales del Ejército, los Almirantes, el Fiscal Togado, los Defensores del Pueblo autonómicos…. y los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y hasta la Policía Local y de todos los políticos, o sea de todos.. Podrían hacerlo, sin duda, pero nos tememos que cuando hablan de reforma sólo es para añadir más gente.

 

 

Junio, 2014

 

 

Por: Emilio Clemente Muñoz, ex Presidente de la Excma. Diputación de Guadalajara