¡ALERTA EN LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE MOLINA!




 

¡ALERTA EN LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE MOLINA!

 

Guadalajara, Julio de 2012

Los nuevos recortes en el ámbito de la política municipal suponen eliminar derechos en lugar de eliminar privilegios. Además y como efecto elemental del“principio constitucional de autonomía municipal”, se deben, siempre, de mejorar los niveles constitucionales de autonomía municipal, asunto este de interés, en este momento para dedicarle un artículo monográfico.


Mientras, advertimos del peligro que corre, en estas circunstancias, la integridad económico-política-administrativa de la Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra, si no hacemos nada en su defensa.


Su territorio está conformado por los pueblos repartidos entre cuatro sexmas: en la Sexma del Campo se encuadran los pueblos de Amayas, Labros, Hinojosa, Milmarcos, Fuentelsaz, Concha, Tartanedo, Torrubia, Rueda de la Sierra, Cillas, Anchuela del Campo, Estables, Pardos, Cubillejo de la Sierra, Cubillejo del Sitio, Campillo de Dueñas y Tortuera; la Sexma del Sabinar la forman los pueblos de Aragoncillo, Selas, Canales de Molina, Torremocha del Pinar, Corduente, Rillo de Gallo, Herrería, Tierzo, Taravilla, Baños de Tajo, Fuembellida, Valhermoso, Terraza, Torete, Cuevas-Labradas, Lebrancón, Castellote, Escalera, Teroleja, Valsalobre, Ventosa y Cuevas-Minadas; la Sexma de la Sierra la integran las poblaciones de Adobes, Piqueras, Alcoroches, Traid, Orea, Checa, Chequilla, Megina, Tergaza, Pinilla de Molina, Motos, Peralejos de las Truchas y Alustante; finalmente, la Sexma del Pedregal la forman los pueblos de Anchuela, Castellar de la Muela, Setiles, Tordesilos, Tordellego, Prados-Redondos, Anquela del Pedregal, Torrecuadrada de Molina, Torremochuela, El Pedregal, El Pobo de Dueñas, Hombrados, Morenilla, Tordelpalo, La Aldehuela, Chera, Pradilla, Otila y Novella.

 

a) La sede de la Comunidad radicará en Molina de Aragón (art. 12 de los Estatutos

 

b) Tiene por objeto la administración, conservación, fomento y defensa de su variado patrimonio corporativo (art. 10 de sus Estatutos).

 

c) Se rigen por unos Estatutos modificados y aprobados en Asamblea Plenaria de 3 de agosto de 1968 y por el Ministerio de la Gobernación en 16 de diciembre del mismo año, reformados por acuerdo de la Asamblea Plenaria en sesión celebrada el día 24 de diciembre de 1973 y aprobados definitivamente por el Ministerio de la Gobernación con fecha 20 de febrero de 1975.

 

d) Para su administración interna y reparto de beneficios se divide el territorio de la Comunidad en cuatro sexmas, cuyos ancestrales límites se remontan a la Baja Edad Media. Son las Sexmas del Campo, de la Sierra, del Sabinar y del Pedregal.


 e) Los órganos de gobierno de la Comunidad son la Asamblea Plenaria, integrada por un representante de cada pueblo designado por el Ayuntamiento o pueblo a quien representa; la Junta de Apoderados, compuesta por el presidente de la Comunidad, el Procurador General o administrador y los cuatro Apoderados, la Comisión de Hacienda; el Presidente, el Procurador General o administrador; los Apoderados y los representantes de los pueblos (art. 18).

 

LEGISLACIÓN  RECIENTE

La Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, en los inicios de la Restauración borbónica, rompiendo con el maleficio de laReal Orden de 1837, que tanto peso había tenido en la definitiva disolución y desaparición de un buen número deComunidades de Villa y Tierra, vendrá a reconocer expresamente, más allá de lo que lo había hecho la ley de agosto de 1870, la existencia de todas aquellas comunidades territoriales históricas, así como de sus más peculiares formas de administración y gobierno, sometiéndolas, únicamente en los supuestos de reclamaciones, a la normativa general que sobre asociaciones tiene el Estado. Se cancela de este modo un largo período de más de cuarenta años, en que estas tradicionales entidades asociativas supramunicipales estuvieron a punto de desaparecer a manos del poder político de la época, cegado por un irresponsable desconocimiento de las mismas, así como de lo que suponían para la particular economía de sus integrantes. (Y aquí hacemos una advertencia del peligro que encierra el momento actual hacia estas Comunidades y sus importantes patrimonios y autonomía, dada la voracidad recaudatoria centralista y la inconveniencia que suponen estas primarias células democráticas, al absolutista poder bi-partitocrático instaurado en España) ).

 

 Como consecuencia, y al amparo de este expresivo reconocimiento legal, buena parte de las Comunidades de Ciudad o Villa y Tierra que, más mal que bien, aún subsistían administrando los bienes comunales que aún les restaba tras laDesamortización de los mismos emprendida en 1855 por el entonces ministro de Hacienda Pascual Madoz, procedieron a la redacción de concretos reglamentos con el fin de asegurarse un buen funcionamiento de su régimen interno, así como una específica regulación del tratamiento que se debía dar a su patrimonio comunal.


DE LA LEY MUNICIPAL DE 1877 A NUESTROS DIAS: SU PROTECCION INSTITUCIONAL

Si la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877 había supuesto su definitivo reconocimiento por parte de la Administración Pública dejando para siempre el ámbito de la ilegalidad jurídica en el que se habían encontrado desde principios de siglo, elEstatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 va a suponer el reconocimiento de sus respectivas entidades organizativas como de derecho público, así como el otorgamiento, igualmente, a sus órganos rectores de la potestad reglamentaria de la que goza cualquier administración inferior del Estado.

 

 La reforma de Primo de Rivera será punto de referencia fundamental en lo sucesivo, a fin de regular normativamente en posteriores leyes locales el fenómeno de los Asocios o Comunidades de Ciudad/Villa y Tierra. De esta forma, la Ley Municipal republicana de 31 de octubre de 1935 disponía, en su artículo 29, que «se respetarán las antiguas Comunidades de Tierra, y si se produjeran reclamaciones sobre su administración, el Ministro de la Gobernación, previo acuerdo del Consejo de Ministros e informe del de Estado, podrá someter dichas Comunidades a lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de las acciones que pueden ejercitarse en la jurisdicción ordinaria». Este artículo será incorporado posteriormente a la base 3.’ de la Ley de Bases del Régimen Local de 17 de julio de 1945 y, más adelante, al texto articulado de la Ley de Régimen Local de 16 de diciembre de 1950 y al artículo 40 del texto refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955. Cinco preceptos más -el artículo 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y el Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 17 de mayo de 195229, y los artículos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Corporaciones Locales de igual fecha 30–,además del artículo 40 de la citada ley, será todo el régimen jurídico general del que gocen, hasta el año 1977, las comunidades históricas tradicionales.

 

 En este último año indicado, un Real Decreto -el 3046/1977, de 6 de octubre-, por el que se aprueba el texto articulado parcial de la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local, introducirá una nueva redacción, en su artículo 17, del mismo tenor que el artículo 69 del Reglamento de Población antedicho, y que pasará a sustituir al ya clásico artículo 40 de la Ley de Régimen Local de 1955. El mismo va a ser asumido casi en su totalidad más adelante por el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprobaba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.


Con la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, que establece una nueva organización territorial del Estadocon base en un régimen de Comunidades Autónomas de amplias atribuciones legislativas y gubernativas, se va a trastocar en buena medida el ámbito competencia¡ de las administraciones públicas al entrar en juego una nueva estructura intermedia entre la estrictamente central y la local. La ordenación del territorio será una de esas competencias básicas que serán transferidas a los nuevos entes autónomos, pasando a subrogarse en la posición que hasta el momento desempeñaba el gobierno de la nación.

 

La casi totalidad de las Comunidades de Villa y Tierra que con sus diferentes nombres subsisten hoy se encuentran encuadradas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Únicamente la Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra, en la provincia de Guadalajara, no pertenece a dicha región, al engrosar el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Pese a esta singular desproporción, el Estatuto de Autonomía Castellanoleonés no regulará, ni tan siquiera mencionará a nuestros entes asociativos municipales, cosa que, por otro lado, no va a ocurrir, sorprendentemente, con el señorío molinés, cuya existencia será reconocida por el artículo 29-2-c de su correspondiente Estatuto de Autonomía, enmienda al propio texto, que quien firma este artículo tuvo el honor de defender en el Pleno de las Cortes Constituyentes de Castilla la Mancha para la aprobación del Estatuto.


Para finalizar este apartado, debemos hacer mención a dos recientes reglamentos, sustitutorios de aquellos otros dictados en 1952, y que van a hacer de nuevo expresa referencia a las comunidades territoriales históricas que hemos venido analizando. En primer lugar, el nuevo Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 11 de julio de 1986, en su artículo 39, reconocerá nuevamente, en la más pura tradición desde hacía ya un siglo, las «entidades conocidas con las denominaciones de Mancomunidades o Comunidades de Tierra o de Villa y Tierra, o de Ciudad y Tierra, Asocios, Reales Señoríos, Universidades, Comunidades de pastos, leñas, aguas y otras análogas», estableciendo que «continuarán rigiéndose por sus normas consuetudinarias o tradicionales», aunque estarán obligadas a «ajustar su régimen económico en cuanto a formación de presupuestos y rendición de cuentas, liquidaciones, inventarios y balances a lo prescrito en la Ley»; algo que, por otro lado, ya había sido recogido por elartículo 69.1 del anterior Reglamento de 1952, como ya vimos.

 

La novedad estará en que, por primera vez, la Comunidad Autónoma correspondiente fiscalizará su existencia mediante el registro de sus estatutos.


 Por lo que respecta al nuevo Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986, sustitutorio del de 1952, conservará en su artículo 141 el mismo respeto y amparo hacia «las Comunidades de Tierra, o de Villa y Tierra, o de Ciudad y Tierra, Asocios, Reales Señoríos, Universidades», etc., y sus respectivas normativas que el anterior artículo 101 del Reglamento de 1952 había ya preceptuado.

 

Después de  todas estas vicisitudes legislativas, sufridas, solamente en menos de su último siglo de existencia, para sobrevivir, ahora a las Comunidades de Villa y Tierra les toca vivir de nuevo momentos amenazantes para su existencia, para los que hay que estar preparados en su defensa.

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 Fdo.: Emilio Clemente

Ex Presidente de la Excma. Diputación de Guadalajara


 

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